La lucha estudiantil es en toda Amarica Latina

El pasado 6 de octubre se presentó en Colombia el Proyecto de Ley 112, una Reforma a la Ley 30 de Educación Superior de 1992. En ese proyecto se refuerza la visión mercantil de la educación, tratándola ya no como un 'derecho' sino como un 'servicio público' que depende tanto del Estado como de 'la sociedad' y de las familias de los estudiantes. Una cosa es tener 'derecho' y otra muy distinta es tener 'acceso' a un servicio público, pues acceden aquellos que pueden pagar, reforzando así la desigualdad económica y social en un país considerado uno de los más desiguales e injustos, incluso al nivel de Angola y Haití según diversas investigaciones.  
El Estado se deslinda de la responsabilidad de garantizar que las universidades cuenten con lo mínimo indispensable para que los colombianos accedan a una educación digna, ahora pasa a ser mero 'subsidiario de la demanda', dando préstamos a los estudiantes que, a su vez, son dados por bancos privados. También incentiva que las Universidades busquen sus propias formas de autofinanciación, lo que significa no sólo aumentar los costos de las matrículas sino la venta de servicios, por ejemplo los posgrados, cursos de cómputo e idiomas, etc., y alianzas con capitales privados.  
Cuando 1 de cada 3 colombianos está en la pobreza y sólo 1 de cada 10 puede acceder a la educación universitaria, el gobierno debería estar pensando no en endeudar a la población, sino en financiar al 100% la educación para todo aquel que desee estudiar.  
Este Proyecto de Ley hizo que desde septiembre se llevaran a cabo grandes movilizaciones estudiantiles, mismas que despertaron la discusión sobre el rumbo que debe tomar la educación superior en Colombia al interior de las universidades públicas y, en menor medida, dentro de las universidades privadas.  
Así, se conformó la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) integrada por las 32 universidades públicas del país; en este espacio se ha discutido el rechazo y la eliminación total de la Reforma a la Ley 30, así como la construcción de una Propuesta Alternativa de Educación Superior donde se reflejen las necesidades concretas del país y se plasme la voz de todos los sectores de la sociedad colombiana.  
La mayor respuesta de los estudiantes fue el paro iniciado el 12 de octubre, impulsado en la totalidad de las universidades públicas, permitiendo que enormes contingentes universitarios participaran en las asambleas, plantones, manifestaciones en las calles (marchas, 'besatones', conciertos, etc.). Dichas actividades representan el despertar de una sociedad sumergida en el miedo y la violencia, encabezada esta vez por la juventud crítica y rebelde, que defiende tanto su derecho a una educación pública, gratuita y digna, como el de toda la población, buscando la construcción de una sociedad más justa.  
Los jóvenes han logrado un amplio respaldo de sectores de trabajadores, profesores y padres de familia que los han acompañado en cada una de las movilizaciones, demostrándole al gobierno oligárquico de Juan Manuel Santos (quien fuera Ministro de Defensa en 2008, dando la orden de ataque al campamento de las FARC en Sucumbios, Ecuador, donde murieron cinco estudiantes de la UNAM) que el corazón de Colombia son las manos trabajadoras de su pueblo y que están decididas a no dejarse desangrar más, que ese pueblo está vivo y seguirá luchando.