El Gobierno del Estado de Chiapas encabezado por Juan Sabines aplica una agresiva política represiva a través del encarcelamiento de numerosos integrantes de organizaciones y comunidades indígenas. Mientras la estrategia de hostigamiento a las comunidades zapatistas no se ha detenido, a principios de este mes, de manera claramente violatoria de los derechos humanos y de cualquier garantía jurídica se detuvieron a integrantes de la otra campaña, ejidatarios tzeltales de la comunidad de San Sebastián Bachajón. Hemos conocido apenas hace unos días el ataque a integrantes de la otra Campaña en Mitzitón con armas de fuego con la complicidad de las autoridades chiapanecas.
Mientras la retórica del gobernador se llena de reconocimientos al zapatismo, sus acciones fortalecen la estrategia contrainsurgente contra sus comunidades. Mientras desde los discursos el gobernador niega la persecución y la represión, hoy las cárceles se llenan para controlar y desarticular a quienes de manera independiente luchan y se organizan.
Mientras el gobernador habla de la reducción de la pobreza, los billetes salen para controlar y cooptar y a la vez aislar a quienes de forma digna y rebelde se niegan a ser controlados.
Esta estrategia represiva es sólo una aburrida muestra más de la forma de gobernar desde los partidos llamados de izquierda. El viejo priísmo sólo se ha revestido de amarillo y rojo para gobernar como siempre: con una mano del poder se reparten cheques, con la otra mano se castiga a quien se niega a recibirlos. Esta estrategia de “gobernabilidad” se complementa con una amigable alianza con el gobierno federal y el Ejército para aparentar que en Chiapas nada pasa, nada ocurre. El viejo priísmo vestido de izquierda gobierna como lo hacen sus contrapartes en Guerrero o incluso en
Ciudad de México: imponiendo megaproyectos, repartiendo cheques, golpeando a quien decide no recibirlos.
Este 22 de febrero, se ha detenido a numerosos integrantes del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas. La lucha que ha venido impulsando el Consejo contra las altas tarifas de luz, de autoorganización de pescadores, comunidades y mujeres, además de una fuerte solidaridad con las luchas chiapanecas y nacionales representa ahora uno de los objetivos de dicha política represiva. El Consejo se ha vuelto una molestia para el gobierno chiapaneco. Cada comunidad integrada en la organización se resiste a pagar cuentas de luz que van de los 500 a los 3000 pesos en una zona de habitantes pobres. La resistencia a la Comisión Federal de Electricidad hace que las mujeres organizadas salgan a las calles a mojar a cubetazos de agua a quienes intentan cortar la energía eléctrica. Estas
dignas mujeres se sonríen cuando recuerdan su forma de lucha. Pero el Consejo ha llevado también, como en otras partes del mundo, a generar procesos de autoorganización para dar mantenimiento a las propias instalaciones eléctricas y mucho más allá. Miles de personas se han integrado al Consejo de la Zona Costa de Chiapas, a su lucha pero también a sus proyectos: desde la tortillería “autónoma” que impulsaron para bajar el precio de la tortilla, hasta los talleres de los derechos de las mujeres, desde la autoorganización contra las altas tarifas hasta la permanente solidaridad con las luchas nacionales. El Consejo ha salido a las calles y las carreteras a manifestar su repudio a los continuos ataques contra las comunidades zapatistas, a apoyar en su momento la libertad de los presos políticos de San Salvador Atenco, a apoyar a otras comunidades, otras organizaciones adherentes a la Sexta como ellos. El Consejo no se ha callado frente al gobierno chiapaneco y hoy sufre los resultados de ser consecuente y rebelde. El Consejo se ha vuelto un dolor de cabeza para el gobierno chiapaneco y por eso hoy están en la cárcel.
Precisamente cuando terminaba una movilización pacífica en apoyo a los detenidos en Bachajón, 16 integrantes del Consejo han sido detenidos, utilizando las amenazas de ser procesados bajo delitos como ataques a las vías de comunicación y asociación delictuosa. La mayoría de ellos han sido liberados, pero el Gobierno de Juan Sabines sabe que mantener presos a los tres abogados Nataniel Hernández, José María Martínez Cruz Y Eduardo Alonso Martínez Silva significa un golpe al Consejo. Como si fuera una repetición de las estrategias represivas, se trata como criminales a quienes son defensores, se les acusa de delitos a quienes luchan por derechos, se presiona con la justicia, lo que en realidad es control político, se utiliza la fuerza, por carecer de razón.
Nosotras, nosotros, repudiamos la estrategia de criminalización de la
protesta social que el gobierno chiapaneco impulsa como mecanismo de control político. Condenamos y repudiamos el hostigamiento a las
comunidades zapatistas y los encarcelamientos de integrantes de la
comunidad de San Sebastián Bachajón.
Exigimos al Gobierno del Estado de Chiapas respete las garantías
individuales de todos los encarcelados y la inmediata libertad de todos los detenidos, que son presos políticos. Exigimos la libertad inmediata de Nataniel, José María y Eduardo quienes ya han sido consignados en el penal del Amate.
Enviamos nuestra solidaridad y apoyo desde diversas partes del país a las organizaciones, a los familiares y a los detenidos. Enviamos desde la ciudad de México nuestro apoyo y hermanamiento con el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas. Llamamos a la sociedad civil, al pueblo, a las organizaciones, movimientos, colectivos y redes en todo el país y en otras partes del mundo a realizar acciones para repudiar esta política represiva y
exigir la libertad de los presos políticos.
PRESOS POLITICOS LIBERTAD!
Esta estrategia represiva es sólo una aburrida muestra más de la forma de gobernar desde los partidos llamados de izquierda. El viejo priísmo sólo se ha revestido de amarillo y rojo para gobernar como siempre: con una mano del poder se reparten cheques, con la otra mano se castiga a quien se niega a recibirlos. Esta estrategia de “gobernabilidad” se complementa con una amigable alianza con el gobierno federal y el Ejército para aparentar que en Chiapas nada pasa, nada ocurre. El viejo priísmo vestido de izquierda gobierna como lo hacen sus contrapartes en Guerrero o incluso en
Ciudad de México: imponiendo megaproyectos, repartiendo cheques, golpeando a quien decide no recibirlos.
Este 22 de febrero, se ha detenido a numerosos integrantes del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas. La lucha que ha venido impulsando el Consejo contra las altas tarifas de luz, de autoorganización de pescadores, comunidades y mujeres, además de una fuerte solidaridad con las luchas chiapanecas y nacionales representa ahora uno de los objetivos de dicha política represiva. El Consejo se ha vuelto una molestia para el gobierno chiapaneco. Cada comunidad integrada en la organización se resiste a pagar cuentas de luz que van de los 500 a los 3000 pesos en una zona de habitantes pobres. La resistencia a la Comisión Federal de Electricidad hace que las mujeres organizadas salgan a las calles a mojar a cubetazos de agua a quienes intentan cortar la energía eléctrica. Estas
dignas mujeres se sonríen cuando recuerdan su forma de lucha. Pero el Consejo ha llevado también, como en otras partes del mundo, a generar procesos de autoorganización para dar mantenimiento a las propias instalaciones eléctricas y mucho más allá. Miles de personas se han integrado al Consejo de la Zona Costa de Chiapas, a su lucha pero también a sus proyectos: desde la tortillería “autónoma” que impulsaron para bajar el precio de la tortilla, hasta los talleres de los derechos de las mujeres, desde la autoorganización contra las altas tarifas hasta la permanente solidaridad con las luchas nacionales. El Consejo ha salido a las calles y las carreteras a manifestar su repudio a los continuos ataques contra las comunidades zapatistas, a apoyar en su momento la libertad de los presos políticos de San Salvador Atenco, a apoyar a otras comunidades, otras organizaciones adherentes a la Sexta como ellos. El Consejo no se ha callado frente al gobierno chiapaneco y hoy sufre los resultados de ser consecuente y rebelde. El Consejo se ha vuelto un dolor de cabeza para el gobierno chiapaneco y por eso hoy están en la cárcel.
Precisamente cuando terminaba una movilización pacífica en apoyo a los detenidos en Bachajón, 16 integrantes del Consejo han sido detenidos, utilizando las amenazas de ser procesados bajo delitos como ataques a las vías de comunicación y asociación delictuosa. La mayoría de ellos han sido liberados, pero el Gobierno de Juan Sabines sabe que mantener presos a los tres abogados Nataniel Hernández, José María Martínez Cruz Y Eduardo Alonso Martínez Silva significa un golpe al Consejo. Como si fuera una repetición de las estrategias represivas, se trata como criminales a quienes son defensores, se les acusa de delitos a quienes luchan por derechos, se presiona con la justicia, lo que en realidad es control político, se utiliza la fuerza, por carecer de razón.
Nosotras, nosotros, repudiamos la estrategia de criminalización de la
protesta social que el gobierno chiapaneco impulsa como mecanismo de control político. Condenamos y repudiamos el hostigamiento a las
comunidades zapatistas y los encarcelamientos de integrantes de la
comunidad de San Sebastián Bachajón.
Exigimos al Gobierno del Estado de Chiapas respete las garantías
individuales de todos los encarcelados y la inmediata libertad de todos los detenidos, que son presos políticos. Exigimos la libertad inmediata de Nataniel, José María y Eduardo quienes ya han sido consignados en el penal del Amate.
Enviamos nuestra solidaridad y apoyo desde diversas partes del país a las organizaciones, a los familiares y a los detenidos. Enviamos desde la ciudad de México nuestro apoyo y hermanamiento con el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas. Llamamos a la sociedad civil, al pueblo, a las organizaciones, movimientos, colectivos y redes en todo el país y en otras partes del mundo a realizar acciones para repudiar esta política represiva y
exigir la libertad de los presos políticos.
PRESOS POLITICOS LIBERTAD!
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