Pacto por un México en paz, con justicia y seguridad

(Texto del Pacto por un México en paz,  leído por la acitivista Olga Reyes y Patricia Duarte, madre de la guardería ABC, durante el mitin en la plancha del Zócalo ante miles de personas).

I RAZONES DE URGENCIA

Ante la emergencia nacional, hoy más que nunca resulta necesario tomar medidas urgentes para detener esta guerra con su escalada de violencia y regenerar el tejido social y comunitario.

Este momento histórico adverso y profundamente violento es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión. Aquí impera la muerte lenta causada por la miseria, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades para el desarrollo pleno de nuestras vidas y por la destrucción del ambiente.

La guerra contra el narcotráfico es una manifestación de políticas y acuerdos internacionales que sitúan a México como el campo de batalla donde a los pobres de este país y Centroamérica les toca pagar una alta cuota de vidas humanas para que las drogas lleguen a su destino y consoliden grandes negocios.

Frente a este escenario el Estado ha optado por una estrategia militar para enfrentar al crimen organizado y la protesta social privilegiando un proceso de militarización intensivo y extensivo de la seguridad pública, no sólo por el amplio despliegue de las fuerzas militares en territorio nacional, sino también por la creciente presencia de los mandos castrenses en la dirección de las policías civiles.

Resultado de esta estrategia que pone en el centro la confrontación violenta es una guerra civil donde mexicanos matan mexicanos, generando 40 mil ejecuciones en lo que va del sexenio.

Sólo en el mes pasado, en abril, se contabilizaron mil 427 asesinatos considerando los cuerpos hallados en las narcofosas. Las víctimas civiles se cuentan ya por miles en todo el país, más de 230 mil personas desplazadas, 10 mil huérfanos la Redim calcula 30 mil, aunque no es una cifra oficial, 10 mil secuestros de migrantes, más de 30 alcaldes asesinados.

Un componente fundamental que explica esta escalada de violencia y guerra es la enorme corrupción y su infiltración en el Estado en todos sus niveles.

La impunidad es otro de los factores que determinan lo que hoy sucede en el país: 98.3% de los delitos quedan impunes Tenemos un sistema de procuración e impartición de justicia incapaz de investigar y sancionar a quienes cometen los delitos y la violación de derechos.

II VISIÓN COMÚN CON EXIGENCIAS MÍNIMAS Y COMPROMISOS

1 Exigimos esclarecer asesinatos y desapariciones y nombrar a las víctimas.

Proponemos a la sociedad y planteamos la exigencia y mandato a las autoridades de acciones de corto y mediano plazo, que inicien un nuevo camino de paz con justicia y dignidad.

A.- Se deben esclarecer y resolver los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, las fosas clandestinas, la trata de personas y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad. Determinar la identidad de todas las víctimas de homicidio es un requisito indispensable para generar confianza.

B.- Exigimos a las autoridades estatales y federal la resolución pública que presente a los autores intelectuales y materiales de algunos de los casos emblemáticos que han agraviado a la sociedad, entre ellos la familia Reyes, Marisela Escobedo y su hija Rubí Bety Cariño y Jirí Jaakola, las niñas y niños de la guardería ABC, la familia Le Barón, los jóvenes de Villas de Salvárcar, los jóvenes de Morelos.

C.- Convocamos a la sociedad civil a rescatar la memoria de las víctimas de la violencia, a no olvidar y exigir justicia colocando en cada plaza o espacio público placas con los nombres de las víctimas.

2 Exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana

A.- Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana con enfoque en los derechos humanos.

B(I).- Exigimos que antes de dos meses, los Congresos locales aprueben la reforma constitucional en derechos humanos y sea publicada para darle plena efectividad, y que en el mismo plazo se instituya el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

B(II).- Exigimos que no se aprueben leyes o normas que conculquen los derechos humanos y las garantías individuales bajo el concepto de seguridad nacional, y que no se aprueben las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional.

3 Exigimos combatir la corrupción y la impunidad

A.- Se requiere una amplia reforma en la procuración y administración de justicia, que dote de verdadera autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial, que establezca el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad, avance en la reforma de los juicios orales y establezca sistemas más efectivos de control judicial, que reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo. La justicia no puede seguir al servicio de intereses y cálculos políticos También se requiere legislar para generar la capacidad y atribuciones de investigación y consignación de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno en casos de corrupción.

B.- Exigimos que en máximo 6 meses el Congreso elimine el fuero de legisladores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno en materia de actos de corrupción delitos del orden común y de crimen organizado.

4 Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen

A.- La criminalidad y su violencia tiene como su motor las ganancias derivadas del narcotráfico, los secuestros, la trata de personas, la extorsión, la venta de protección y demás delitos que después reinyectan los recursos en la economía mediante el lavado de dinero Exigimos un combate frontal al lavado de dinero y activos de los delincuentes mediante la creación de unidades autónomas de investigación patrimonial, en coordinación con fa Unidad Federal de Inteligencia Financiera, que permitan reunir material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias por los actos de negocios ilegales.

B.- Exigimos la presentación de un Informe a la Nación sobre los resultados de la investigación patrimonial y el lavado de dinero, que muestre los casos más notorios que se han sancionado en este sexenio y sobre el avance en la integración de las Unidades de investigación sobre lavado de dinero de las 32 entidades federativas y la federal.

5 Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social

A.- La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia Exigimos una política económica y social, que genere oportunidades reales de educación, salud cultura y empleo para jóvenes, porque son las y los principales víctimas de esta estrategia. Exigimos la recuperación del carácter público de la educación y romper el control corporativo que ejerce la cúpula del SNTE sobre la política educativa, así como el incremento inmediato en los recursos destinados a las acciones sociales de seguridad ciudadana, al menos en la misma proporción de los destinados a las fuerzas armadas y de seguridad pública.

B.- Exigimos que en los próximos 3 meses se establezca un programa especial de emergencia nacional para y de jóvenes, que invierta las prioridades del presupuesto, garantizando al menos lo mismo que se destina a seguridad para la construcción de escuelas, y el aumento de la matrícula en educación secundaria, media superior y superior, un sistema universal de becas para estudiantes de secundaria EMS y superior de escuelas públicas, así como recursos para proyectos culturales deportivos productivos y sociales, realizados por los propios Jóvenes y sus organizaciones, como actores de reconstrucción del tejido social en sus barrios comunidades y unidades habitacionales.

6 Exigimos democracia participativa

Mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación. La seguridad requiere democracia y nuevos medios de participación ciudadana Exigimos que se amplíen los medios e instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos, mediante el reconocimiento institucional de la consulta popular, las candidaturas independientes, la revocación de mandato, la contraloría social y las acciones colectivas.

Se requiere una política de Estado en materia de telecomunicaciones, que rompa en el menor tiempo posible los monopolios y genere una amplia democratización y apertura, no sólo a la competencia, sino al fortalecimiento de los medios públicos.

Exigimos a la Cámara de Diputados que en un periodo extraordinario, a más tardar en dos meses, apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por el Senado, que establece la consulta popular, la iniciativa legislativa, las candidaturas independientes y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes.

III PARA INICIAR EL CAMINO

Proponemos dos momentos para lograr esto:

-Un pacto ciudadano entre los miembros de la sociedad civil y;

-En un segundo momento, una serie de planteamientos y de mandatos de exigencias a los gobernantes, a los líderes de los partidos políticos y a los factores de poder.

Este momento requiere la participación de todas y todos; el Pacto de la sociedad civil implica un esfuerzo de unidad y organización de la sociedad civil nacional para que tengamos una voz y acciones con el fin de parar esta guerra y la violencia social, corrupción e impunidad que nos está destruyendo como personas y como nación.

El 10 de junio nos reuniremos en Ciudad Juárez con las Comisiones de Verificación y Sanción, que la sociedad civil nacional establecerá en este tiempo con especialistas y gente honorable para cada uno de los 6 puntos.

Durante este periodo, hasta el 10 de junio, las Comisiones con las aportaciones del resto de la sociedad civil irán especificando con más detalle las acciones correspondientes a cada exigencia.

Invitamos a toda la ciudadanía en las comunidades, barrios, colonias, lugares de trabajo, a aportar en esta discusión y construir espacios de reflexión y acción colectiva nacional permanentes.

Hacemos, además, un llamado a nuestros compatriotas que radican allá y al pueblo de los Estados Unidos de América para que apoyen nuestra movilización y exijan al gobierno y al Congreso de ese país que detengan el flujo de armas hacia México y el lavado de dinero.