miércoles, 21 de diciembre de 2011
Revista PROCESO 1833
Acteal: 14 años de impunidad
Gilberto López y Rivas
Este 22 de diciembre se cumplen 14 años de la matanza de Acteal. Ese fatídico día, durante horas, un grupo paramilitar entrenado, armado y protegido por las más altas jerarquías militares, policiacas y civiles de los tres niveles de gobierno, asesinó con toda premeditación, alevosía y ventaja a 45 personas indefensas, en su gran mayoría niños y mujeres, entre ellas, cinco embarazadas, y causó graves lesiones físicas y sicológicas a otras personas que sobrevivieron. La masacre se llevó a cabo en el contexto de una estrategia contrainsurgente o de guerra irregular, cuya parte sustancial de su doctrina castrense se fundamenta, precisamente, en la formación de grupos de civiles afines, o paramilitares.
Durante todos estos años, diversas investigaciones independientes, (que incluyen tesis académicas e informes de organismos de derechos humanos), testimonios de sobrevivientes, actores activos confesos y testigos colaterales, y sobre todo, en el terreno judicial vinculatorio, los resultados de la Fiscalía especializada en delitos cometidos en la procuración y administración de justicia en el estado de Chiapas, dados a conocer este año, señalaron, sin lugar a dudas, un crimen de Estado, pese a la defensoría de oficio de intelectuales de la contrainsurgencia que lograron –en una campaña bien orquestada–, que la desprestigiada Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejara en libertad a varios de los autores materiales de la matanza de Acteal. Han sido identificados como autores intelectuales, cómplices y encubridores de este delito de lesa humanidad, por omisión y comisión: Ernesto Zedillo Ponce de León, Liébano Sáenz Ortiz, Emilio Chauyffet Chemor, Julio César Ruiz Ferro, Jorge Madrazo Cuéllar, entre otros funcionarios, así como la entonces alta oficialidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y comandantes de la séptima Región Militar.
Durante todos estos años, diversas investigaciones independientes, (que incluyen tesis académicas e informes de organismos de derechos humanos), testimonios de sobrevivientes, actores activos confesos y testigos colaterales, y sobre todo, en el terreno judicial vinculatorio, los resultados de la Fiscalía especializada en delitos cometidos en la procuración y administración de justicia en el estado de Chiapas, dados a conocer este año, señalaron, sin lugar a dudas, un crimen de Estado, pese a la defensoría de oficio de intelectuales de la contrainsurgencia que lograron –en una campaña bien orquestada–, que la desprestigiada Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejara en libertad a varios de los autores materiales de la matanza de Acteal. Han sido identificados como autores intelectuales, cómplices y encubridores de este delito de lesa humanidad, por omisión y comisión: Ernesto Zedillo Ponce de León, Liébano Sáenz Ortiz, Emilio Chauyffet Chemor, Julio César Ruiz Ferro, Jorge Madrazo Cuéllar, entre otros funcionarios, así como la entonces alta oficialidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y comandantes de la séptima Región Militar.
Por mi parte, en mi calidad de presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), presenté el 30 de abril de 1999 una demanda en la PGR, en torno a la existencia en Chiapas de grupos paramilitares, uno de los cuales habría realizado la masacre de Acteal. En la citada demanda estipulaba que “los paramilitares son ahora la fuerza de contención activa en Chiapas. Mientras que el Ejército se ha desplegado como una fuerza de contención pasiva, los paramilitares han estado dedicados a hostigar con acciones armadas a las bases de apoyo zapatistas, a lideres agrarios y a obispos y sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal. La cooperación de los militares y policías supondría la aplicación de una táctica militar de contraguerrilla conocida como ‘yunque y martillo’, la cual consiste en que el Ejército e instituciones policiacas adoptan la función de fuerzas de contención (yunque) y permiten realizar la función de golpeo de los grupos paramilitares (martillo) contra el EZLN y sus simpatizantes.”
A partir de la experiencia chiapaneca y el estudio de grupos represivos como la llamada Brigada Blanca, que actuaron en la sombras de la guerra sucia de los años setenta, ochenta y noventa, y que vuelven a resurgir ahora con la guerra de Calderón, definimos a los grupos paramilitares como aquellos que cuentan con organización, equipo y entrenamiento militar, a los que el Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas armadas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente, sin que ello implique que reconozcan su existencia como parte del monopolio de la violencia estatal. Los grupos paramilitares son ilegales e impunes porque así conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste entonces en el ejercicio ilegal e impune de la violencia del Estado y en la ocultación del origen de esa violencia. Existen víctimas, hechos de sangre, como el de Acteal, pero ningún gobierno mexicano ha reconocido nunca la existencia de grupos paramilitares, porque sería reconocer la paternidad de masacres y actos represivos.
A partir de la experiencia chiapaneca y el estudio de grupos represivos como la llamada Brigada Blanca, que actuaron en la sombras de la guerra sucia de los años setenta, ochenta y noventa, y que vuelven a resurgir ahora con la guerra de Calderón, definimos a los grupos paramilitares como aquellos que cuentan con organización, equipo y entrenamiento militar, a los que el Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas armadas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente, sin que ello implique que reconozcan su existencia como parte del monopolio de la violencia estatal. Los grupos paramilitares son ilegales e impunes porque así conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste entonces en el ejercicio ilegal e impune de la violencia del Estado y en la ocultación del origen de esa violencia. Existen víctimas, hechos de sangre, como el de Acteal, pero ningún gobierno mexicano ha reconocido nunca la existencia de grupos paramilitares, porque sería reconocer la paternidad de masacres y actos represivos.
La organización Sociedad Civil Las Abejas, con justa razón, ha cuestionado fuertemente a un grupo que se separa de la misma, y que promueve a través de un bufete de abogados con domicilio en Miami, una demanda en contra de Ernesto Zedillo, a quien se acusa de crímenes de guerra y lesa humanidad. Se aduce que esta demanda tiene un carácter meramente civil y no penal, y que busca tan solo una reparación económica, que consideran inadmisible. No obstante, no hay que perder de vista que pese a estas limitaciones, la demanda abre un camino para un juicio a un ex presidente, quien, como jefe de Estado y comandante supremo de las fuerzas armadas, representa al conjunto de los funcionarios y militares implicados en los graves delitos cometidos. En las pruebas de la acusación, se pueden consultar importantes documentos que comprueban la responsabilidad de numerosos funcionarios y jefes militares y que van más allá de un enfoque conspirativo, en el sentido de que el proceso iniciado –señalan algunos analistas– podría ser maniobra electorera o venganza de personajes turbios como Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, respectivamente. No considero posible que en la lógica de semejantes protagonistas políticos, se pretenda violar la regla no escrita de no tocar, en ningún caso, la sacrosanta imagen de un ex presidente.
Asimismo, la comparecencia de Zedillo ante la justicia, sea esta civil, crea un precedente importante para el curso de la reciente denuncia –firmada por miles de ciudadanos–, en contra de Felipe Calderón y los integrantes de su gabinete de seguridad por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad para ser juzgados ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.
Seguirán repitiéndose masacres como la Acteal en nuestro país –marcado por la violencia– mientras prevalezca la impunidad y se pretenda borrar de nuestra memoria el clamor de justicia
viernes, 16 de diciembre de 2011
Revista PROCESO 1832
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knp84zbvomizzuy
miércoles, 7 de diciembre de 2011
CARTA ENVIADA ANTES DEL OPERATIVO MILITAR DE SANTOS
CARTA ABIERTA
Piedad Córdoba
Colombianas y colombianos por la paz
Lucia Topolanski
Senadora de Uruguay
Jody Williams
Premio Nobel de la Paz 1997
Elena Poniatowska Amor
Escritora mexicana
Alice Williams
Escritora afroamericana y feminista. Premio Pulitzer a la obra de ficción en 1983 por la novela
El color púrpura
Mirta Baravalle
Presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo
Isabel Allende
Escritora y Senadora Chilena
Danielle Miterrand
Francia
Rigoberta Menchú
Rigoberta Menchú
Premio Nobel de Paz
Socorro Gómez
Presidenta del Consejo mundial por la Paz
Hermana Elsie Mongue
Ecuador
Nidia Díaz
Nidia Díaz
Dirigente FMLN
Margarita Zapata
Embajadora Nicaragua
Xiomara Castro de Zelaya
Vocera Frente de Resistencia Hondureño
A nombre del Secretariado de las FARC-EP, a ustedes amigas de la paz y de la solución política de los conflictos, nuestro saludo cordial.
Aferrados a la esperanza de que la liberación de prisioneros de guerra, como resultado de un acuerdo entre las partes contendientes, puede encausar la nación hacia el raudal de la solución política, respondemos hoy su misiva de agosto.
De acuerdo. El conflicto armado colombiano tiene profundas causas sociales, económicas y políticas, que deben ser temas de discusión para su superación definitiva. Compartimos igualmente que la paz de Colombia está ligada a la paz de la región y que, además, es anhelo universal. No permitiremos que se nos escape esta oportunidad para reiterar a través de ustedes, nuestra disposición de dialogar con el estado, de cara al país, con miras a un futuro de paz. Desde luego, aceptamos la disposición y concurso de ustedes para contribuir en la búsqueda del noble propósito.
Nos solicitan en su carta un nuevo gesto de liberación unilateral de prisioneros de guerra. Está bien. Pero quisiéramos compartir algunas reflexiones sobre el tema:
Sería justo que apelando al ejercicio de la razón, el derecho y la ética en el tratamiento del problema, no se invisibilizara a los guerrilleros presos. Son alrededor de 800. El dolor no es solamente de los familiares de los prisioneros en nuestro poder. El humanitarismo debe mirar, siempre, con sus dos ojos.
Sería justo que apelando al ejercicio de la razón, el derecho y la ética en el tratamiento del problema, no se invisibilizara a los guerrilleros presos. Son alrededor de 800. El dolor no es solamente de los familiares de los prisioneros en nuestro poder. El humanitarismo debe mirar, siempre, con sus dos ojos.
Durante el gobierno de Ernesto Samper liberamos unilateralmente en Cartagena del Chairá a 80 prisioneros de guerra. En el cuatrienio de Andrés Pastrana, luego de la firma de un acuerdo humanitario, liberamos a 47 militares y policías y en cambio recibimos 13 guerrilleros. Inmediatamente, con la esperanza de generar un medio ambiente propicio para el abordaje del canje, dejamos en libertad en la Macarena, sin ninguna contraprestación, a 305 soldados y policías que habían sido capturados en combate. Más recientemente, durante el gobierno de Álvaro Uribe, gracias a la gestión humanitaria del presidente de Venezuela Hugo Chávez y de la senadora Piedad Córdoba, liberamos, también de manera unilateral, a algunos senadores, representantes, diputados y concejales, y a otro grupo de militares y policías. La verdad es que nunca hubo reciprocidad por parte del gobierno de Colombia.
La disposición de las FARC en este sentido ha sido diáfana. No admite discusión ni cuestionamiento. Seguimos a la espera del momento propicio para pactar con el Estado colombiano un canje de prisioneros de guerra.
La realidad es dura. Cuando en Medio Oriente el Estado sionista de Israel libera a más de 1.000 prisioneros palestinos a cambio de uno sólo de sus soldados, el gobierno de Colombia le ha dado la espalda, por 13 años, a los suyos. Aquí hay una indolencia infinita con el sentimiento de los familiares de los soldados prisioneros, pero también un desprecio por la suerte de unos hombres que arriesgando como nadie su vida, cayeron en el campo de combate defendiendo los intereses de quienes hoy los olvidan.
En sana lógica, un acuerdo de paz en Colombia debiera estar antecedido por un canje de prisioneros entre las partes contendientes porque, sin duda, un evento tal allanaría la senda del entendimiento y el fin de la guerra, del conflicto social y armado que se prolonga por seis décadas por la intransigencia estéril de los gobiernos. Se debe poner punto final a una larga historia de violencia institucional, de despojo, de paramilitarismo, desapariciones forzadas, masacres, “falsos positivos”, fosas comunes, exclusión, imposiciones neoliberales y manipulación de la opinión. A las mujeres pacifistas del mundo representadas en ustedes les pedimos actuar y extender sus manos solidarias hacia el pueblo de Colombia.
Les sugerimos dirigir su mirada sobre la situación que afrontan centenares de guerrilleros presos y unos 7.500 ciudadanos encarcelados por sus ideas, como resultado de la criminalización de la oposición política y la protesta social; la mayoría de ellos acusados de terrorismo y de otros delitos que tratan de ocultar el carácter político de su causa y sometidos a condiciones infrahumanas de reclusión, irrespeto a la dignidad, violación de sus derechos humanos, hacinamiento y torturas, políticas acentuadas por la injerencia del buró federal de prisiones de los Estados Unidos. Les pedimos analizar la posibilidad de constituirse en comisión, o gestionar la conformación de una comisión humanitaria que visite las cárceles de Colombia y constate en el terreno la veracidad de la denuncia. Intercedemos, igualmente, por los presos sociales, por los que casi nadie habla, para protestar por las condiciones degradantes de su reclusión.
Les solicitamos considerar, como asunto crucial para aclimatar la convivencia, el estudio de fórmulas que permitan la repatriación y liberación de Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas, guerrilleros de las FARC prisioneros del imperio, extraditados a los Estados Unidos por el rencor y la retaliación de un ex presidente desquiciado. Su extradición, sustentada en montajes jurídicos urdidos por Uribe Vélez, la inteligencia militar y el ex Fiscal Osorio, fue una flagrante violación de claras disposiciones constitucionales. Simón Trinidad ha sido condenado a 60 años de prisión por una causa ajena a la que fue extraditado. Vaya nuestra voz de aliento a los tres rebeldes farianos, ante su infame y largo cautiverio neocolonial.
Permítannos reiterarles, distinguidas ciudadanas del mundo, nuestro mensaje de irrenunciable decisión de continuar y elevar a nuevos niveles la brega por la libertad de los prisioneros de guerra y de los presos políticos.
Como un nuevo acto humanitario que respalda esta carta, anunciamos la liberación de 6 prisioneros de los que permanecen en nuestro poder, los cuales serán entregados a las firmantes de la misiva que hoy respondemos, encabezadas por la insigne dirigente política colombiana, la senadora Piedad Córdoba, previa precisión de los protocolos de seguridad. Esta fue la determinación del comandante Alfonso Cano días antes de ser asesinado por el régimen guerrerista y sanguinario de Juan Manuel Santos.
¡Viva la memoria del comandante Alfonso Cano!
Con sentimientos de respeto y admiración,
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, noviembre de 2011.
La lucha estudiantil es en toda Amarica Latina
El Estado se deslinda de la responsabilidad de garantizar que las universidades cuenten con lo mínimo indispensable para que los colombianos accedan a una educación digna, ahora pasa a ser mero 'subsidiario de la demanda', dando préstamos a los estudiantes que, a su vez, son dados por bancos privados. También incentiva que las Universidades busquen sus propias formas de autofinanciación, lo que significa no sólo aumentar los costos de las matrículas sino la venta de servicios, por ejemplo los posgrados, cursos de cómputo e idiomas, etc., y alianzas con capitales privados.
Cuando 1 de cada 3 colombianos está en la pobreza y sólo 1 de cada 10 puede acceder a la educación universitaria, el gobierno debería estar pensando no en endeudar a la población, sino en financiar al 100% la educación para todo aquel que desee estudiar.
Este Proyecto de Ley hizo que desde septiembre se llevaran a cabo grandes movilizaciones estudiantiles, mismas que despertaron la discusión sobre el rumbo que debe tomar la educación superior en Colombia al interior de las universidades públicas y, en menor medida, dentro de las universidades privadas.
Así, se conformó la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) integrada por las 32 universidades públicas del país; en este espacio se ha discutido el rechazo y la eliminación total de la Reforma a la Ley 30, así como la construcción de una Propuesta Alternativa de Educación Superior donde se reflejen las necesidades concretas del país y se plasme la voz de todos los sectores de la sociedad colombiana.
La mayor respuesta de los estudiantes fue el paro iniciado el 12 de octubre, impulsado en la totalidad de las universidades públicas, permitiendo que enormes contingentes universitarios participaran en las asambleas, plantones, manifestaciones en las calles (marchas, 'besatones', conciertos, etc.). Dichas actividades representan el despertar de una sociedad sumergida en el miedo y la violencia, encabezada esta vez por la juventud crítica y rebelde, que defiende tanto su derecho a una educación pública, gratuita y digna, como el de toda la población, buscando la construcción de una sociedad más justa.
Los jóvenes han logrado un amplio respaldo de sectores de trabajadores, profesores y padres de familia que los han acompañado en cada una de las movilizaciones, demostrándole al gobierno oligárquico de Juan Manuel Santos (quien fuera Ministro de Defensa en 2008, dando la orden de ataque al campamento de las FARC en Sucumbios, Ecuador, donde murieron cinco estudiantes de la UNAM) que el corazón de Colombia son las manos trabajadoras de su pueblo y que están decididas a no dejarse desangrar más, que ese pueblo está vivo y seguirá luchando.
Honduras y México: únicos dos países de latinoamerica donde crece la pobreza
En los últimos 20 años la pobreza extrema (indigencia) varió de 22,6% a 12,3%. Porcentaje que indica que de los 177 millones de pobres que se registraron en 2010, 70 millones estaban en condición extrema.
La tendencia a la baja de estos índices marcó entre 2009 y 2010 una reducción de la pobreza y la pobreza extrema en 1,6% y 0,8%, respectivamente. Pero el ritmo sufrirá una variación en 2012 cuando la indigencia repunte de 12,3% a 12,8%, des acuerdo a las estimaciones de la Cepal.
Desde Santiago de Chile, la secretaria de la Cepal explicó que “la reducción de la pobreza ha venido fundamentalmente de una mejoría en los ingresos laborales y un poco menos de las transferencias públicas monetarias”, reseñó la revista Semana.
En una entrevista ofrecida a la BBC, el ex director de la Cepal en Washington, Isaac Cohen, explicó que “las economías de América Latina han estado creciendo a unas tasas respetables”.
Cohen aclaró que la única excepción fue la caída en 2009 por la recesión mundial, pero a partir de ese momento la recuperación de América Latina fue muy rápida y el crecimiento es el que ha estado ayudando a reducir la pobreza”.
A pesar de los programas de inversión social que se han profundizado en los últimos años en la región, el repunte de la pobreza extrema persiste y tiene sus causas en el aumento de los precios mundiales de los alimentos.
Dentro de este panorama, solamente México y Honduras registraron un incremento relevante de su índice de pobreza.
México, con la segunda población más numerosa de la región y multiétnica, registra una tasa de pobreza 36,3%, casi 5% más que el índice de la región; en el caso de pobreza extrema, el país fronterizo con EEUU cuenta con 13,3% a diferencia del 12,3% del resto de América Latina.
En Honduras, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre mayo de 2010 y mayo de 2011 la población en condiciones de pobreza pasó de 66,2 % a 67,6% coincidiendo con los gobiernos (de facto y de elecciones manipuladas) surgidos luego del golpe de Estado de junio del 2009 contra Manuel Zelaya.
Don Trino, historia de un secuestro anunciado
Otro golpe a los luchadores en México
Don Trino, historia de un secuestro anunciado
Por Gloria Muñoz Ramírez
El 6 de diciembre, 18 integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad fueron interceptados por un grupo armado al salir del poblado de Ostula, Michoacán. Fueron amagados con armas largas y luego dejados en libertad, pero secuestraron a don Trino, uno de los líderes de la comunidad, que los acompañaba.
Integrantes de la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que acudieron a una misión de observación a la comunidad de Ostula, Michoacán, fueron bajados de su vehículo y amagados con armas largas por un comando cuando salían de las tierras recuperadas de Xayakalan rumbo a la cabecera de Ostula, donde se llevaría a cabo una consulta interna de la comunidad para decidir si aceptaban o no entregar una parte de sus tierras a los pequeños propietarios del municipio de Aquila. Los secuestradores dejaron en libertad al grupo de 18 personas del Movimiento, quienes se encuentran en buen estado, pero secuestraron a don Trinidad de la Cruz Crisóforo, mejor conocido como don Trino o el Trompas, uno de los principales líderes de la comunidad, encargado de la guardia comunitaria desde que el pasado 29 de junio los nahuas recuperaron este predio que durante 40 años estuvo invadido por supuestos pequeños propietarios provenientes de la comunidad de La Placita.
Comuneros de Xayakalan entrevistados telefónicamente informan que los integrantes de la caravana fueron interceptados por un grupo armado coludido con el crimen organizado y llevados al monte, los amenazaron y luego los dejaron en libertad. Todos están a salvo, con excepción de don Trino, cuyo paradero se desconoce.
Trinidad de la Cruz Crisóforo, usaba el apelativo de Trompas por cuestiones de seguridad, ante las permanentes amenazas que tenía por parte del crimen organizado y de los paramilitares. Es un hombre mayor, nahua, “valiente y comprometido con su pueblo”, como lo definen sus compañeros. En todas las entrevistas y pláticas informales que sostuvimos con él, advirtió que a esas tierras les pertenecían a los comuneros de Ostula y que “solo muertos” los podrían sacar de ahí. Hoy el Trompas está desaparecido y de su secuestro fueron testigos 18 personas del Movimiento por la Paz.
El pasado 14 de noviembre, informan los comuneros entrevistados, don Trino fue “duramente golpeado, en presencia de la comunidad, con un arma R-15 por Priciliano Corona Sánchez, alias chalano, con la complicidad de Iturbide Alejo, alias turbino, y por Margarita Pérez, alias la usurpadora, personas que habitan en Xayakalan y trabajan para el crimen organizado”.
Los comuneros, quienes se niegan a dar su nombre por temor a represalias, afirman que en junio pasado, “el chalano amenazó de muerte a don Trino y a Pedro Leyva, quien finalmente fue asesinado el pasado 6 de octubre”.
En ocasión de su segundo aniversario de la recuperación de las tierras, los nahuas de Ostula denunciaron que “la guerra que actualmente vive nuestra comunidad y que es un capítulo pequeño de la guerra que desgarra a la Nación entera, la podemos contar en números: 26 comuneros muertos, cuatro desaparecidos, decenas de viudas y huérfanos y cientos de desplazados”. A esta cifra se suman el asesinato de Pedro y el secuestro de don Trino.
NO HABRA PENA DE MUERTE PARA MUMIA ABU-JAMAL
Compañeras y compañeros,
Hace 20 minutos el Fiscal de la ciudad de Filadelfia, Seth Williams,
anunció que NO buscará una nueva sentencia de muerte para Mumia Abu-Jamal.
Ahora, después de mantenerlo en condiciones de tortura durante 30 años,
pretende dejarlo en prisión durante toda su vida.
De ninguna manera permitiremos esto.
El movimiento ha logrado detener su ejecución. Ahora el desafío es
llevarlo a casa.
Nos vemos afuera de la embajada gringa este viernes 9 de diciembre a las
2 de la tarde para cantar, bailar y gritar por su libertad.
Salud y libertad,
Amig@s de Mumia de México
Hace 20 minutos el Fiscal de la ciudad de Filadelfia, Seth Williams,
anunció que NO buscará una nueva sentencia de muerte para Mumia Abu-Jamal.
Ahora, después de mantenerlo en condiciones de tortura durante 30 años,
pretende dejarlo en prisión durante toda su vida.
De ninguna manera permitiremos esto.
El movimiento ha logrado detener su ejecución. Ahora el desafío es
llevarlo a casa.
Nos vemos afuera de la embajada gringa este viernes 9 de diciembre a las
2 de la tarde para cantar, bailar y gritar por su libertad.
Salud y libertad,
Amig@s de Mumia de México
martes, 6 de diciembre de 2011
Informe sobre esl estado de salud de la activista Norma Andrade
COMITÉ NORMA ANDRADE
México, D. F. a 3 de diciembre de 2011
El COMITÉ NORMA ANDRADE denuncia el intento de homicidio en Ciudad Juárez contra la defensora de derechos humanos Norma Andrade, ayer viernes 2 de diciembre.
Norma, cofundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa -organización dedicada a apoyar a las madres de las jóvenes y niñas asesinadas en Juárez, y madre de Lilia Alejandra asesinada en 2001- fue balaceada por un grupo de sicarios. En este momento se encuentra hospitalizada y su hija Malú, María Luisa García Andrade, llegó del exilio a dicha ciudad, para gestionar los procedimientos para traerla a la ciudad de México a fin de evitar que sea asesinada, así como también a los hijos que dejó Lilia Alejandra, en calidad de refugiados políticos.
Por tanto, solicitamos y exigimos al gobierno de la República Mexicana, al Presidente Felipe Calderón y al gobernador de Chihuahua César Duarte todas las medidas precautorias para el traslado de la familia a la ciudad de México y los responsabilizamos de cualquier daño que puedan sufrir en el trayecto y en el Distrito Federal. Asimismo, proporcionen la asistencia médica y de hospedaje para la familia. También exigimos protección para que su hija Malú pueda realizar en Juárez todos los trámites necesarios y recoger la documentación de la familia.
COMITÉ NORMA ANDRADE.
Para apoyos económicos:
María Luisa García Andrade
Banamex
5204 1643 2346 1290
CLABE interbancaria 002180700209340080
http://nuestrashijasderegresoacasa.blogspot.com
María Luisa García Andrade
Banamex
5204 1643 2346 1290
CLABE interbancaria 002180700209340080
http://nuestrashijasderegresoacasa.blogspot.com
Firma por la libertad del Alberto Patishtán
Tu apoyo es vital. Sola da clik en:Exige al gobierno Mexicano que libere al profesor Alberto Patishtán. y llena el formulario. También puedes apoyar difundiendo esta campaña.
Actualización de presos políticos en México
Nuestros presos políticos se encuentran en los siguientes estados:
Nombre – CÁRCELES – ORGANIZACIÓN – FECHA de DETENCIÓN
CHIAPAS
1. Alberto Patishtán Gómez CEFERESO 8 Guasave Sinaloa La Voz del Amate 21 jul 00
2. Rosario Díaz Méndez CERSS No. 5 en San Cristóbal La voz del Amate 23 ago 05
3. Artemio Díaz Heredia El Amate Mitzitón 4 abr 02
4. Pedro López Jiménez CERSS No. 5 en San Cristóbal Solidarios de la Voz del Amate 10 may 07
5. Juan Collazo Jiménez CERSS No. 5 en San Cristóbal Solidarios de la Voz del Amate 10 may 07
6. Alfredo López Jiménez CERSS No.5 en San Cristóbal Solidarios de la Voz del Amate 10 may 07
7. Rosa López Díaz CERSS No.5 en San Cristóbal Solidarios de la Voz del Amate 10 may 07
8. Juan Díaz López CERSS No.5 en San Cristóbal Voces Inocentes 17 mayo 11
9. Alejandro Díaz Santis CERSS No.5 en San Cristóbal Solidarios de la Voz del Amate 1999
10. Enrique Gómez Hernández CERSS No.14 El Amate Solidarios de la Voz del Amate 7 feb 02
GUERRERO
11. Máximo Mojica Delgado Penal de Tecpan 27 nov 08
12. María De los Ángeles Hernández Flores Penal de Tecpan 29 nov 08
13. Santiago Nazario Lezma Penal de Tecpan 29 nov 08
OAXACA
LOXICHAS:
14. Agustín Luna Valencia Penal Central de Santa María Ixcotel 25 sep 96
15. Álvaro Sebastián Ramírez Penal Central de Santa María Ixcotel 16 dic 97
16. Justino Hernández José Penal Central de Santa María Ixcotel 29 nov 96
17. Fortino Enríquez Hernández Penal Central de Santa María Ixcotel 25 sep 96
18. Eleuterio Hernández García Penal Central de Santa María Ixcotel 17 oct 96
19. Abraham García Ramírez Penal Central de Santa María Ixcotel 26 sep 96
20. Zacarías P. García López Penal de la Villa de Etla 26 abr 99
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